Los narcos demostraron, en apenas una semana, el alcance de su poder para corromper todo lo que encuentran a su paso. Una capacidad económica y operativa que no deja de crecer y que amenaza con perforar las instituciones encargadas de combatirlos. Es una radiografía inquietante de una realidad que se expande por toda la región y que ya no admite seguir mirando para otro lado.

Estos son escándalos que se registraron en los últimos días en los que Tucumán apareció de una u otra manera. Los casos fueron:

Las estrategias que usan los narcos para transportar la cocaína por el cielo

1- El domingo, una médica que presta servicios en Gendarmería Nacional fue detenida por transportar 66 kilos de cocaína. Cayó cuando escapaba de un grupo que pretendía apoderarse de la carga, valuada en U$S330.000. La Justicia Federal de Salta investiga a siete policías tucumanos que intervinieron en el procedimiento fuera de su jurisdicción y utilizando una camioneta secuestrada en una causa por robo. Las pericias deberán determinar si integraban la banda que intentó quedarse con la droga o si, en un intento por anotarse un éxito operativo, terminaron violando la ley.

2- El martes, siete policías federales destinados a Tucumán fueron detenidos y acusados de integrar una organización que cobraba sobornos a tours de compras y a bagayeros para no controlarlos en el puesto de Rapelli, en Santiago del Estero. Los sospechosos también tenían asignada la custodia de jueces federales con competencia en nuestra provincia.

3- El miércoles, en el marco del Operativo Lapacho, la Policía secuestró 37 kilos de cocaína que eran transportados desde Orán hacia Santiago del Estero. Sin embargo, detrás del decomiso surgió un dato revelador: los panes estaban numerados y algunos presentaban los típicos cortes en el envoltorio que se realizan durante las pruebas de campo. Esa circunstancia abrió dos hipótesis. La primera, que la droga ya había sido secuestrada y, mediante alguna maniobra ilegal, volvió al circuito del narcotráfico. La segunda, que las propias organizaciones criminales numeran sus cargamentos y realizan controles de calidad. En Salta analizan ambas posibilidades. Un detalle alimenta esta última teoría: los números estaban escritos sobre el lomo de los ladrillos, mientras que las fuerzas de seguridad suelen identificarlos en la cara frontal.

El porqué

A fines de mayo, durante la reunión del Consejo de Seguridad Interior del NOA, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo reclamaron, tanto en público como en privado, a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, mejoras salariales y cobertura de obra social para los integrantes de las fuerzas federales. La funcionaria respondió que el tema ya había sido planteado dentro del Gabinete y manifestó su confianza en que habría una solución. Casi dos meses después, no hubo novedades.

Por qué los vuelos narcos se convirtieron en otro dolor de cabeza para el Estado

“Al estar muy mal remunerados, algunos efectivos que conviven diariamente con el delito terminan inclinándose por caminos incorrectos”, sostiene el abogado penalista Ernesto Baaclini. Su colega Aníbal Paz coincide parcialmente. “Hace mucho tiempo que reclaman mejoras. Al no encontrar respuestas, algunos terminan cediendo porque conocen quiénes son los delincuentes, cómo operan y cuánto dinero manejan.”

La abogada Paula Morales Soria aporta otra mirada. “El narcotráfico es una actividad con una enorme capacidad económica que busca infiltrar instituciones estatales para obtener ventajas operativas, acceso a información o garantizar impunidad. Esa capacidad de corrupción representa un desafío permanente para cualquier fuerza de seguridad”, explicó. “Más que analizar estos episodios como un problema exclusivo de una institución, deben entenderse como una manifestación del poder de las organizaciones criminales y de la necesidad de fortalecer los mecanismos de selección, control, capacitación e investigación dentro de las fuerzas. La respuesta no es la estigmatización, sino el fortalecimiento institucional y una política criminal eficaz”, añadió.

Javier Lobo Aragón (h) profundizó esa idea. “El narcotráfico, con los millones que genera, compra voluntades, ejerce violencia y busca infiltrarse en las instituciones encargadas de combatirlo. Cuando logra corromper a un integrante de una fuerza de seguridad, el daño es enorme”, sostuvo. “No se trata únicamente de un funcionario que comete un delito. Es alguien que tenía la responsabilidad de proteger a la sociedad y termina utilizando ese lugar de confianza para beneficiar a organizaciones criminales. Eso debilita las investigaciones, pone en riesgo la vida de otros efectivos y destruye la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones”, concluyó.

Un desafío

El legislador José Cano viene advirtiendo desde hace meses que la reducción del presupuesto destinado a la lucha contra el narcotráfico implica un progresivo abandono del NOA. “Bajo ningún aspecto puede justificarse la corrupción por los problemas salariales. Pero sí hay que hacer un análisis mucho más profundo. El desfinanciamiento también implica menos controles y menor capacidad operativa”, señaló.

Ese debilitamiento parece coincidir con el avance del narcotráfico en Tucumán. La provincia dejó de ser solamente un territorio de paso para transformarse en un punto de acopio, tal como ocurrió años atrás con Orán. La gran incógnita es si las autoridades están preparadas para enfrentar esa nueva realidad. Los propios colegas de los policías investigados sostienen que utilizaron una camioneta secuestrada porque no contaban con móviles aptos para persecuciones o procedimientos de alto riesgo, como el que terminó con la detención de la médica de Gendarmería.

¿La “motosierra” está beneficiando a los narcos?

Otro episodio expuso esa fragilidad. En un control de rutina, casi por casualidad, cuatro gendarmes interceptaron una camioneta que transportaba 470 kilos de cocaína valuados en U$S2,3 millones. Los efectivos solo contaban con sus armas reglamentarias. Ningún otro elemento de protección. ¿Qué habría ocurrido si ese cargamento hubiera estado custodiado por sicarios de una organización criminal? Los especialistas no dudan en la respuesta: el poder de fuego de esas bandas podría haber derivado en una masacre.

Hay otro dato que merece atención. Durante el primer semestre del año, en Tucumán se secuestraron 1.500 kilos de droga -870 kilos de cocaína y 630 de marihuana-, un 57% más que en igual período de 2025. Fue la única provincia del NOA que registró semejante incremento.

Lo que, en principio, debería interpretarse como una buena noticia terminó exponiendo otra debilidad del sistema. No existen depósitos suficientes para almacenar y preservar semejante cantidad de estupefacientes. Por eso, son las propias fuerzas de seguridad las que deben custodiar la droga incautada.Y allí aparece una paradoja tan incómoda como preocupante: quienes tienen la responsabilidad de cuidar esa evidencia son, en algunos casos, integrantes de instituciones que hoy también están bajo sospecha.